El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ha despertado poco entusiasmo y no es de extrañar. Sólo un 1% de los españoles sabía que estaba elaborando y la gran mayoría se ha enterado de su existencia a un mes de tener que votarla y a través de una campaña excesivamente influenciada por el marketing. El texto en sí tiene pocas novedades con las que atraer al electorado. El 80% de sus disposiciones ya están presentes en los tratados vigentes actualmente. El sentido de esta Constitución ha sido consolidar y pulir los logros alcanzados, pero no dar un salto cualitativo hacia delante, hacia ese súper Estado Federal o esa Confederación de Estados, según los gustos, que cabría en la imaginación del ciudadano. Llamar a las urnas para ratificar un ordenamiento jurídico que lleva en vigor no se sabe cuanto no parece motivar demasiado a nadie.
No obstante, con el derecho a participar en democracia a través de nuestro voto van aparejadas algunos deberes. La política no es un bien de consumo más que puedan venderle a uno cómodamente sentado en el sofá de su casa. El deber de un ciudadano es informarse y la información no se le oculta. En segundo lugar, debemos tomar en nuestras manos la responsabilidad que el poder de las urnas nos confiere y por tanto pensar en términos de consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene que votemos en un sentido o en otro?
El ciudadano que se sienta inclinado a votar que no, puede tener buenos y fundados motivos para hacerlo, ya sea para castigar las formas o el fondo de la propuesta. En cualquier caso, la pregunta no es: “cuánto nos gusta la Constitución”, es: “si esta Constitución nos vale”. Y esta Constitución es un puzzle de consensos y un retrato de la diversidad de Europa. Se puede decir que su negociación ha llevado desde diciembre de 2000 hasta octubre de 2004, con la implicación, en distinto grado, de 28 Estados. Un acuerdo que no es el ideal de nadie pero tampoco su pesadilla. De modo que: “¿No querrá usted que sea perfecto?”, como decía el sastre.
En España tenemos un motivo de peso para votar que no, por la simple pérdida de poder en el Consejo respecto al anterior Tratado de Niza. Sin embargo, nadie debería llevarse a engaño, votar que no, no significa recuperar aquel poder perdido. El peso de los Estados en la UE es algo que varía con cada nueva ampliación, a veces aumentando un poco, y generalmente a la baja, la no-ratificación por España de la Constitución Europea no significa de ningún modo que la UE vaya a volver a regirse indefinidamente por Niza. Aquel barco ya se hundió. La reforma de los votos en el Consejo, repartiéndolos proporcionalmente según la población de cada Estado, no es óptima, pero tiene sus ventajas, como reducir el número de pequeñas coaliciones que pueden bloquear iniciativas en una Unión, que cada vez tiene más países pequeños. La Unión se reformará de nuevo, sin lugar a dudas. El presidente de la Comisión Europea ha hablado ya de cambiar de nuevo el reparto de votos antes del ingreso de Turquía. Sin embargo de aquí hasta el 2014, como poco, esta Constitución facilitará la toma de decisiones por mayoría en Bruselas en más áreas que hasta ahora. Un aumento de la fluidez en el Consejo también reportará sensibles mejoras al funcionamiento de todas las demás instituciones.
Si en España saliese que “no”, estaríamos en una situación muy comprometida. Un no, exigiría una renegociación, o nuestra salida de la UE. Los dos partidos mayoritarios PSOE y PP sin embargo apoyan el Tratado. En el ámbito supranacional ocurre lo mismo. Cerca del 70% de los eurodiputados votaron en su favor el 12 de enero. En contra, grupos minoritarios heterogéneos sin mayores posibilidades para la construcción de alternativas. ¿Quién defenderá una visión alternativa? ¿Los nacionalistas? Además venimos de cerrar la negociación y reabrirla no depende de nosotros exclusivamente. La salida de la UE, sólo es impensable para unos pocos como Francia y Alemania, para el resto es la incertidumbre porque nadie tiene derecho a impedir el progreso a los demás. España fuera de la UE tendría que hacer frente a una crisis interna, a la inestabilidad y a un grave perjuicio económico. La UE es, por encima de todas las cosas, un instrumento de estabilidad y seguridad para sus miembros.
La Constitución es una consolidación de la Unión que existe con algunas novedades que facilitan la vida de la UE en el siglo XXI. Un “sí” significaría reconocer la importancia de la UE para España, hacer honor a nuestra reputación europeista y a los compromisos alcanzados. El sí reconoce que Europa es la solución, como sintetizó Ortega y Gasset, a la invertebración de España.
La Constitución defiende una economía europea sostenible, integrada y competitiva globalmente, al tiempo que comprometida con altos estándares medioambientales y sociales. La introducción de una carta de derechos fundamentales promete que el desarrollo legislativo sea más garantista en términos de igualdad de oportunidades y lucha contra todo tipo de discriminaciones. La UE empuja a cada Estado miembro a metas más ambiciosas, en educación, investigación, buena administración, con avances en una política exterior común. La Constitución crea la figura de un súper ministro de exteriores que deberá coordinar mejor la voz y las fuerzas de la UE en política exterior, respetando la soberanía e independencia de los Estados miembro. La Constitución introduce, por fin, una cláusula de defensa recíproca, que obliga a todos los miembros a acudir en defensa de un Estado miembros víctima de una agresión, interior u exterior.
La Constitución Europea merece su nombre porque reconoce la profundidad de la integración alcanzada, que transciende el derecho internacional clásico y es pionero en las relaciones internacionales del futuro. El momento de las propuestas y de la negociación pasó. Estamos ante el momento de consentir o negar nuestra adhesión al proyecto que se nos presenta, de legitimarlo o no. La ocasión reclamaba con justicia la llamada de los españoles a pronunciarse en las urnas; no van solos, igual que nosotros votarán ciudadanos de: Francia, Reino Unido, Polonia, República Checa, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Holanda y Luxemburgo.
No obstante, con el derecho a participar en democracia a través de nuestro voto van aparejadas algunos deberes. La política no es un bien de consumo más que puedan venderle a uno cómodamente sentado en el sofá de su casa. El deber de un ciudadano es informarse y la información no se le oculta. En segundo lugar, debemos tomar en nuestras manos la responsabilidad que el poder de las urnas nos confiere y por tanto pensar en términos de consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene que votemos en un sentido o en otro?
El ciudadano que se sienta inclinado a votar que no, puede tener buenos y fundados motivos para hacerlo, ya sea para castigar las formas o el fondo de la propuesta. En cualquier caso, la pregunta no es: “cuánto nos gusta la Constitución”, es: “si esta Constitución nos vale”. Y esta Constitución es un puzzle de consensos y un retrato de la diversidad de Europa. Se puede decir que su negociación ha llevado desde diciembre de 2000 hasta octubre de 2004, con la implicación, en distinto grado, de 28 Estados. Un acuerdo que no es el ideal de nadie pero tampoco su pesadilla. De modo que: “¿No querrá usted que sea perfecto?”, como decía el sastre.
En España tenemos un motivo de peso para votar que no, por la simple pérdida de poder en el Consejo respecto al anterior Tratado de Niza. Sin embargo, nadie debería llevarse a engaño, votar que no, no significa recuperar aquel poder perdido. El peso de los Estados en la UE es algo que varía con cada nueva ampliación, a veces aumentando un poco, y generalmente a la baja, la no-ratificación por España de la Constitución Europea no significa de ningún modo que la UE vaya a volver a regirse indefinidamente por Niza. Aquel barco ya se hundió. La reforma de los votos en el Consejo, repartiéndolos proporcionalmente según la población de cada Estado, no es óptima, pero tiene sus ventajas, como reducir el número de pequeñas coaliciones que pueden bloquear iniciativas en una Unión, que cada vez tiene más países pequeños. La Unión se reformará de nuevo, sin lugar a dudas. El presidente de la Comisión Europea ha hablado ya de cambiar de nuevo el reparto de votos antes del ingreso de Turquía. Sin embargo de aquí hasta el 2014, como poco, esta Constitución facilitará la toma de decisiones por mayoría en Bruselas en más áreas que hasta ahora. Un aumento de la fluidez en el Consejo también reportará sensibles mejoras al funcionamiento de todas las demás instituciones.
Si en España saliese que “no”, estaríamos en una situación muy comprometida. Un no, exigiría una renegociación, o nuestra salida de la UE. Los dos partidos mayoritarios PSOE y PP sin embargo apoyan el Tratado. En el ámbito supranacional ocurre lo mismo. Cerca del 70% de los eurodiputados votaron en su favor el 12 de enero. En contra, grupos minoritarios heterogéneos sin mayores posibilidades para la construcción de alternativas. ¿Quién defenderá una visión alternativa? ¿Los nacionalistas? Además venimos de cerrar la negociación y reabrirla no depende de nosotros exclusivamente. La salida de la UE, sólo es impensable para unos pocos como Francia y Alemania, para el resto es la incertidumbre porque nadie tiene derecho a impedir el progreso a los demás. España fuera de la UE tendría que hacer frente a una crisis interna, a la inestabilidad y a un grave perjuicio económico. La UE es, por encima de todas las cosas, un instrumento de estabilidad y seguridad para sus miembros.
La Constitución es una consolidación de la Unión que existe con algunas novedades que facilitan la vida de la UE en el siglo XXI. Un “sí” significaría reconocer la importancia de la UE para España, hacer honor a nuestra reputación europeista y a los compromisos alcanzados. El sí reconoce que Europa es la solución, como sintetizó Ortega y Gasset, a la invertebración de España.
La Constitución defiende una economía europea sostenible, integrada y competitiva globalmente, al tiempo que comprometida con altos estándares medioambientales y sociales. La introducción de una carta de derechos fundamentales promete que el desarrollo legislativo sea más garantista en términos de igualdad de oportunidades y lucha contra todo tipo de discriminaciones. La UE empuja a cada Estado miembro a metas más ambiciosas, en educación, investigación, buena administración, con avances en una política exterior común. La Constitución crea la figura de un súper ministro de exteriores que deberá coordinar mejor la voz y las fuerzas de la UE en política exterior, respetando la soberanía e independencia de los Estados miembro. La Constitución introduce, por fin, una cláusula de defensa recíproca, que obliga a todos los miembros a acudir en defensa de un Estado miembros víctima de una agresión, interior u exterior.
La Constitución Europea merece su nombre porque reconoce la profundidad de la integración alcanzada, que transciende el derecho internacional clásico y es pionero en las relaciones internacionales del futuro. El momento de las propuestas y de la negociación pasó. Estamos ante el momento de consentir o negar nuestra adhesión al proyecto que se nos presenta, de legitimarlo o no. La ocasión reclamaba con justicia la llamada de los españoles a pronunciarse en las urnas; no van solos, igual que nosotros votarán ciudadanos de: Francia, Reino Unido, Polonia, República Checa, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Holanda y Luxemburgo.
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