La situación económica española exige dos cosas aparentemente contradictorias: estabilidad y reformas. Nuestro elevado ratio de endeudamiento, público y privado, requiere, si se quiere, cambiar lo que haga falta para asegurar su sostenibilidad. Por eso hay que esperar nuevos ajustes.
No obstante esta no ha sido la actitud más reciente del gobierno en España, donde crece la frustración al haberse hecho importantes reformas y no verse ningún avance en los ratios de déficit y aun empeorando el nivel de deuda como porcentaje del PIB. Ha resultado una apuesta arriesgada que el gobierno insista en que ya se ha hecho todo cuanto se podía hacer y que sólo queda esperar un movimiento de ficha en Europa. Esta postura ha intensificado el temor en el mercado de que España este jugando con el riesgo moral de saberse demasiado grande para caer e intensificado una venta del riesgo España.
Los rescates de Grecia, Irlanda o Portugal han supuesto un equivalente al 40% de su PIB. Según esa medida habría que apartar para España unos 400.000 millones de Euros. La experiencia dice que los países intervenidos son sostenidos durante un par de años hasta que logren retornar a financiarse en los mercados. Dado que las emisiones bruta de deuda del tesoro de España están en torno a los 200.000 millones, sumando la recapitalización de la banca, podemos estar hablando de más de medio billón de euros durante los próximos dos o tres años.
El mayor castigo a la prima de riesgo española ha seguido lógicamente a las novedades de la nacionalización de Bankia y el informe del FMI en el que se cifraba en 35.000 millones de Euros las nuevas necesidades de capital de nuestro sistema financiero. Estas necesidades de capital, en el escenario más favorable, exceden las posibilidades de financiación del Estado, que se ha visto forzado a solicitar la ayuda a los mecanismos de estabilidad financiera europeos. Tras una euforia efímera, en parte incitada por el tono del gobierno, lo único claro por el momento es que España ha decidido solicitar hasta 100.000 millones de Euros a Europa. El gobierno no podía apuntarse un 10% del producto interior bruto adicional a deuda, sin conocerse además nada sobre las condiciones del préstamo de la Unión Europea, y presentarlo como una noticia positiva sin más.
El objetivo de romper el bucle perverso entre riesgo soberano y riesgo bancario no parece que vaya a ser logrado por esta asistencia financiera. Recapitalizar la banca a base de deuda pública supone una clara transferencia de riesgo bancario al Estado. Adicionalmente esta asistencia no presume que el Tesoro de España haya sido expulsado de los mercados y por tanto cubre todas las necesidades de financiación del Reino de España. No obstante existen fuertes indicios de que los mercados internacionales se han cerrado para España y que ésta depende completamente de la financiación del Banco Central Europeo para cubrir las actuales necesidades de financiación de la economía.
El último informe de Banco de Pagos Internacionales de Basilea parece confirmar esa impresión ya que muestra como la banca internacional redujo, durante 2011, su exposición a España un 10% hasta los 586.106 millones de USD. La mayor reducción fue respecto al sector bancario (-29%) seguido por el sector público (-23%). El sector privado no bancario hasta ahora ha sufrido un recorte sustancialmente menor (-8%) pero un deterioro de esta tendencia podría complicar nuestra economía real sin remedio.
Otros indicios del corte de financiación exterior son la caída de volumen del interbancario europeo (Eonia), la caída de repos en cámaras de compensación extranjeras, el porcentaje de financiación del BCE que ha ido a entidades financieras españolas, el saldo negativo permanente en la partida del Target 2 entre el Banco de España y el eurosistema. Todo ello apunta a que la situación de España es más delicada de lo que un programa de asistencia sectorial podría significar por si solo.
La prima de riesgo española escala cotas máximas y es reflejo de una desconfianza que podríamos llamar multifactorial. Se desconfía de los números, de que no haya más esqueletos en el armario y por eso nos vemos obligados a solicitar a las auditorías internacionales de Oliver Wyman y Roland Berger, lo que deberían habernos dicho la intervención del Estado o el Banco de España. Se desconfía de la solvencia de nuestra economía; es una trampa que empieza por una falta de liquidez y que pronto conduce a un encarecimiento del capital insostenible. Por último se desconfía de los políticos, de que puedan sacar adelante las reformas necesarias para hacer sostenible la deuda acumulada durante la primera década del siglo XXI.
España es en efecto excesivamente grande para caer. El efecto contagio sobre Italia, Bélgica o Francia supondría el fin del mercado de renta fija pública tal y como lo conocemos. En un escenario así sería todavía más evidente la disyuntiva entre acelerar la integración fiscal europea con emisiones conjuntas de eurobonos o por la ruptura del euro y la vuelta a las divisivas nacionales. Todo esto no justifica que el gobierno no haga nada más a la espera de una solución exterior sino todo lo contrario.
Es preciso un paquete amplio de reformas institucionales y económicas y que hayan sido elaborados por alguien con autoridad e independencia, hay mil opciones: perseguir el fraude y aflorar economía sumergida, subir el IVA, privatizar empresas públicas, recortar salarios a funcionarios, pensiones, liberalizar más la economía, etc. Debe darse una atención primordial a medidas pro crecimiento y pro competencia que no impliquen mayor gasto sino precisamente un mayor ahorro y no dejar a Alemania cada vez más sola defendiendo la necesidad de romper con el círculo vicioso de la deuda, por el que se pretende salir de una crisis de sobre endeudamiento a base de más deuda.
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